Ya es
realidad aquello con lo que el Gobierno de este país venía
amenazando desde hace un tiempo: se ha hecho recortes con la libertad
de expresión. El PP ha aprobado por cuenta propia en el Congreso la
reforma en la ley de seguridad ciudadana que se ha denominado
popularmente como ley
mordaza. Esta
controvertida ley ha levantado chispas en toda la oposición y, en
general, en cualquier persona con dos dedos de frente que piense las
cosas con coherencia. Es una ley que está un paso más cerca de
entrar en vigor, pues ya solo le queda ser aprobada en el Senado
próximamente.
Antes
de continuar, quiero dejar claro que no soy ningún experto en leyes
y lo que comento a continuación está basado en artículos que he
leído sobre el tema, si algo es incorrecto agradezco cualquier
corrección. Nótese la ironía en más de una ocasión, es muy
sutil.
Es otra de las leyes hechas por el PP, con toda la buena intención
que los militantes de ese partido tienen y con toda su buena fe, qué
duda puede caber. Por un lado, se trata de una ley que modifica los
procesos legales relacionados con manifestaciones, considerando
algunas de ellas como faltas administrativas. Cuando entre en vigor
la ley, algunas conductas amparadas hasta ahora dentro de la libertad
de expresión pasarán a multarse de forma casi automática y sin
muchos miramientos. Algunas de estas multas tendrán que recurrirse
primero por la vía administrativa y después por la penal, al
contrario de lo que pasaba ahora.
Una
de las consecuencias de este cambio es que se tendrán que pagar
tasas, algo de lo cual estaban exentos los procesos de faltas hasta
ahora. Además, y de forma accidental, las multas son astronómicas
por manifestarse en el Congreso o algún edificio público. En otras
palabras, se le pone un freno a los manifestantes, ya que se
enfrentarán a cargos mucho más severos que hasta ahora. Por otro
lado, esta ley de seguridad
también
modifica las acciones a seguir con los inmigrantes indocumentados,
quienes podrán ser expulsados del país con más facilidad.
Ahora pensemos en lo que estos cambios, solo algunos de los que
conllevará la nueva ley, implican. Por una parte, se trata de
amedrentar a quienes, de seguir las cosas como están, podrían
haberse manifestado en algún momento. Y da igual las veces que el
Gobierno nos diga que es por nuestra seguridad, no hay quien se
trague semejante falacia. Por nuestra seguridad, señor presidente,
invierta en educación o en medidas de seguridad, ya que restringir a
los manifestantes no aumenta en ninguna medida la seguridad del
ciudadano. Pero, casualmente, si aumenta la seguridad del desairado
gobernante, ¿no será que...? No quiero pensar mal.
Además,
esta controvertida ley agiliza la expulsión de sin
papeles. Esta
medida puede ser controvertida y es posible que haya quien se muestre
en contra pero no veo qué podría tener de malo. Antes, más bien,
podría resultar beneficiosa hasta cierto punto. Considerando que
España aún no está en una situación boyante, vuelve a dar igual
que el presidente diga otra cosa puesto que a nadie
engaña, no es ninguna locura regularizar la situación de los
inmigrantes indocumentados enviándolos de vueltas a sus países de
origen.
Le duela a quien le duela, la realidad es que antes de poder acoger a
más gente este país tiene que levantar cabeza. ¿Queda feo o
políticamente un poco incorrecto? Sí. ¿No deja contento a todo el
mundo? También, pero eso es inevitable. Ahora, si bien lo de
agilizar estos trámites puede encajarse con argumentos, no veo que
pase lo mismo en absoluto en cuanto al resto de modificaciones de la
ley mordaza. Aun así, las denominadas devoluciones en caliente
de inmigrantes tal vez no sean la respuesta adecuada pero es una
alternativa entre las muchas a elegir.
Hay incoherencias, desde mi punto de vista, en este proyecto de ley
que valen la pena mencionarse: el botellón pasa a ser una falta leve
y manifestarse – en cierto contexto - es falta grave. ¿Qué lógica
tiene eso? Literalmente, se trata de poner un bozal a la gente en
forma de sanción administrativa. De esas que duelen en la parte que
duele más: el bolsillo. Lo único que se puede extrapolar es
que el Gobierno intenta intimidar a los manifestantes para que su
mandato sea más tranquilo. No veo la forma en la que una reducción
de manifestaciones aumenta mi seguridad, Sr. Rajoy, igual es que no
lo he pillado.
César P.
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