Por enésima vez, España
es culpable de incumplir una normativa de la UE y tiene que pagar las
consecuencias. La Comisión Europea ha abierto un procedimiento de
incumplimiento a nuestro país y es posible que España acabe en los tribunales
en unos dos meses. Se acusa a España de enjuiciamiento de los delincuentes,
apoyo a las víctimas, prevención y control de la ejecución desde Bruselas. Países
como Chipre, Italia y Luxemburgo han recibido un ultimátum que les exhorta a
incluir la normativa europea en su legislación.
La prevención de la trata
de seres humanos es una asignatura pendiente que nos ha costado otro tirón de
orejas. España tiene que hacer valer la Directiva 2011/36/UE en su legislación
dentro del plazo impuesto por la UE. Desde el 6 de abril de este año las leyes
españolas contra el tráfico de personas no siguen el paradigma europeo que los
países de la Unión deben hacer cumplir.
Los países incumplidores seguirán
un procedimiento por faltar a estas normativas. Si las cosas no cambian dentro
del plazo previsto, los Estados miembros pueden acabar en el Tribunal de
Justicia. Actualmente, la UE mantiene vigentes un espectro de medidas con el
fin de prevenir y combatir la explotación de personas en el continente. Los
Estados miembros deben adoptar modificaciones en el Código Penal para que
actividades como captación, rapto, traslado, amenaza y otros sean considerados
delitos cuando se abuse de una persona.
La ley también va a
castigar a quienes induzcan al tráfico de personas mediante penas de hasta 10
años de prisión. Este paquete de medidas se aprobó en abril de 2011 y consisten
en la persecución penal de los explotadores al mismo tiempo que regula el
consumo de la prostitución. Después de esta aprobación, se ha dado tiempo
suficiente a todos los países miembros de la Unión Europea para que implanten
las necesarias modificaciones en su legislación.
Si bien España no ha
cumplido del todo con este plazo sí ha implantado el Protocolo Marco de Protección
de las Víctimas de Trata de Seres Humanos dentro de su legislación. Sin
embargo, no queda claro qué es lo que espera el Gobierno actual para terminar
con las modificaciones que se necesitan para estar al día con la normativa
europea. Se considera a nuestro país el segundo país europeo, solo después de
Italia, en el cual hay más víctimas de explotación sexual. Esto debe pararse
cuanto antes y para ello están pensadas las medidas europeas sobre trata de
personas.
La Policía cifra en
37.000 el número de mujeres que son obligadas a prostituirse en España, siendo
esta solo una estimación. Por lo general, se trata de mujeres jóvenes y
extranjeras, la mayoría de las cuales proceden de Europa del Este y Sudamérica.
Los países de los que viene gran parte de estas mujeres explotadas sexualmente
son Rumanía, Paraguay, Brasil, Nigeria, China y Rusia. Personalmente, no
entiendo por qué el Gobierno español no toma cartas ene l asunto en este
respecto, pues ha tenido tiempo de sobra para realizar las reformas necesarias.
No hay comentarios :
Publicar un comentario