Entendemos como gestión privada
de la sanidad a la asistencia sanitaria suministrada por empresas privadas aun
cuando su financiación sea pública.
Existe en la actualidad una tendencia que
si bien, al menos en teoría, acepta la financiación pública de la sanidad,
pretende al mismo tiempo que la gestión sea privada o, como mínimo, que el
componente privado vaya ganando en importancia, ya sea a través de la entrada
progresiva de las empresas privadas en la asistencia sanitaria o mediante la introducción
en el sistema público de lo que denominamos mecanismos de gestión privada, y
que en realidad son tan solo una forma de desregular o eliminar las garantías jurídicas
que deben acompañar la actividad financiera de cualquier entidad estatal.
Son dos los argumentos
manejados para defender esta privatización:
- La gestión privada es más eficiente debido a la competencia.
- La gestión privada permite un ahorro considerable de recursos económicos.
Podemos decir, como punto de
partida que en ningún caso está demostrado que en las mismas condiciones de
calidad en las prestaciones, la gestión pública haya sido en la práctica menos
eficaz que la pública. Cuando los mecenas de la gestión privada hacen
comparaciones, omiten casi siempre que en los mercados sanitarios público-privados
aparecen forzosas transferencias de medios del sector público al privado, ya
que éste se destina a las prestaciones productivas, mientras que en el sector público
se encuentran con la obligación de concentrarse en las más caras y en cubrir
todo el territorio.
Otro aspecto que no se tiene en
cuenta a la hora de valorar estas prácticas es la confianza. En la sanidad más
que en otros servicios es imprescindible la presencia de un vínculo de
confianza, relación que tiene muchas posibilidades de romperse en el momento
que entra en juego el aspecto económico. En la mayoría de las asistencias, el enfermo
no tendrá nunca la seguridad de si los tratamientos propuestos obedecen a razones
objetivas o meramente a motivos financieros. Esto lleva, lógicamente, a un incremento
de la conflictividad y de los procedimientos contenciosos. Las disputas en los
tribunales serán habituales, con el consecuente aumento del coste en justicia.
Lo
que está claro es que la solución no será fácil. O bien el paciente se hallará completamente
indefenso ante las probables prácticas dolosas de los doctores y de los
servicios sanitarios, o bien, por contra, si los tribunales promueven la protección
de los pacientes, los facultativos estarán sujetos a un alto riesgo y se verán impulsados
a contratar costosos seguros que se traducirán en un coste mayor de las
prestaciones sanitarias.
Lady Blu
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