El Tribunal Supremo ha abierto una investigación contra otro
juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Joaquín Ortiz Blanco.
Se investiga a este juez por presunta
relación con la trama para la concesión
irregular de licencias de ITV en
Cataluña. Es decir, se cree que está relacionado con la trama de
corruptela del clan Pujol.
Este caso investigas todas las negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios que pueda
haber realizado Ortíz. Se espera la apertura del juicio oral en semana y media,
momento en el cual la acusación pasaría a hacerse por escrito, se realizaría el
sobreseimiento o se pedirían diligencias complementarias.
El juzgado de instrucción 9 de Barcelona encontró indicios
de asesoramiento en interés y al servicio de los empresarios del sector Ricard P. y
Enric M. por parte de Ortíz, en relación con la concesión de estaciones de ITV en Cataluña.
Hay pruebas que incriminan a Ortíz en esta trama de
corrupción sinfín del clan Pujol. Se tienen conversaciones telefónicas y
testigos que confirman que los empresarios entraron en contacto con el juez
Ortiz.
Lo que buscaban era la
fórmula más rápida y buena para hacer las cosas. Es decir, consultaban con
él antes de llevar a cabo las operaciones ilegales. El objetivo de los
empresarios era obtener concesiones irregulares de ITV para lucrarse.
Ortíz presidía la Sección
5 de la Sala Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Las competencias de dicha sala abarcaban la seguridad industrial, es decir, todas las cuestiones relacionadas con la
concesión y aprovechamiento de las estaciones de ITV. Por lo tanto, Ortíz
es uno de los principales sospechosos en estas actividades de concesión
ilícitas.
Entre los años 2010 y 2011, el juez Ortíz y Ricard P. se
comunicaron por medio de varios correos electrónicos para tratar los asuntos de
las ITV. Estos temas deberían tratarse
en primer lugar en sala del Tribunal.
La imputación del juez abarca operaciones realizadas en
varias ocasiones. No se trata, pues, de ninguna irregularidad puntual sino que
hay repetición en el tiempo. Certio presentó en cierta ocasión un recurso
contencioso administrativo en el juzgado de Ortiz para solicitar la paralización cautelar de la adjudicación
de un lote de estaciones. La trama de corrupción llegaba a esos límites en la
manipulación de estos procesos.
Además, dicho recurso fue mandado por correo electrónico por
Ricard P. a Ortiz. A esto el juez respondió que le he dado mi OK. Queda claro, por esta y otras pruebas, que los
empresarios y el juez acordaban de antemano cómo
repartirse el pastel. Hacían y deshacían a su antojo pasando por alto el
procedimiento legal de estas concesiones.
También hay pruebas de que el juez daba información
privilegiada a los empresarios para que ellos tomasen las medidas más
convenientes en cada caso. A pesar de su imputación el juez sigue ejerciendo su
cargo.
Ha dictado sentencias sobre las adjudicaciones de estaciones de ITV y no se le ha apartado de su cargo desde que se abrió el caso en su
contra. Vemos, pues, otro ejemplo más de desvergüenza ante una imputación en España. Los imputados ya no cesan en sus cargos sino que siguen haciendo lo mismo.
¿Cómo es posible que una persona imputada por corrupción y
tráfico de influencias siga en su cargo realizando las mismas tareas por las
que se le acusa? A pesar de todas las pruebas aportadas, por increíble que parezca, este juez ha seguido en su puesto de trabajo como si nada.
No sé si esto solo pasa en España pero debe de ser uno de
los pocos países en los que se da esta situación. Alguien imputado por
irregularidades en su cargo debería ser retirado del mismo tan pronto como se
abra un caso en su contra.
Esperemos, una vez más, que se haga justicia con toda esta
trama de corrupción en Cataluña. Por lo visto, hasta los jueces están en el
ajo.
César P.
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