Hace unos
pocos días se presentó una denuncia por parte de UPyD contra el comité de dirección de Cajamadrid que dirigían los expresidentes Miguel Blesa y Rodrigo Rato.
Se les acusa de haber recibido remuneraciones indebidas por un total de 71.4
millones de euros.
UPyD
presentó constancia de tales retribuciones
en documentos aportados a la Fiscalía
Anticorrupción por delitos de estafa, apropiación indebida, etc contra
estos altos cargos de la entidad. Según los informes, Rato recibió más de 2.7 millones en 2010. Además, este señor está imputado en la Audiencia
Nacional por la salida a la Bolsa de
Bankia. Por lo que no se trata de
alguien nuevo en los escándalos de corrupción destapados recientemente.
Rato era
el sucesor de Blesa, quien también está imputado
por haber otorgado, presuntamente, créditos irregulares a Gerardo Díaz Ferrán.
Según los datos, Blesa recibió 12.4
millones de euros entre los años 2007
y 2011. Además, recibió una
indemnización de más de 3.5 millones,
según la denuncia interpuesta.
Así, la
entidad madrileña Caja Madrid se encuentra bajo la lupa en un nuevo caso. Esta
vez, se pretende ahondar más en la ya previa investigación abierta por la
salida a Bolsa de la entidad y el rescate de Bankia. La pregunta del millón es por qué una entidad que
declaraba activos por valor de 152.230
millones acabó nacionalizada por FROB
(Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria) y, bajo una valoración
independiente, se declaró en 2012 un
valor que ascendía a lo 13.635 millones de euros.
Según
todas estas denuncias y la información aportada la situación de la entidad
resultante de la fusión de Caja Madrid
con Bancaja y otras cinco entidades
no es la que han declarado sino otra muy distinta. Esto hay que investigarlo y
depurar responsabilidades pues hay mucho dinero en juego.
Los
informes de inspección del Banco de
España ya indicaban una situación preocupante. A pesar de que la entidad
Bankia presentaba o, mejor dicho, pretendía presentar una apariencia de
solvencia y saneamiento. Ya en 2010 los reportes señalaban hacia una situación problemática dentro de la
entidad.
En 2010 Caja Madrid presentó unos datos de solvencia y morosidad parecidos a los del año
anterior. Es decir, mintió en sus
informes a los inversores para dar apariencia de buen estado. Pero la realidad
es bien distinta y buscando que los delitos cometidos no prescriban UPyD ha
llevado este caso a las autoridades pertinentes.
Esperemos
que se desvele la verdad y que bajo
ningún motivo veamos que los antiguos altos cargos de la entidad bancaria
se libren de pagar por los delitos que presuntamente han cometido. Es una buena
oportunidad para demostrar que la
justicia en este país no tiene miramientos con los adinerados.
César P.
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